Austeridad es una palabra común dentro del vocabulario de los presidentes dominicanos. Independientemente del partido político o la situación del país, todos buscan “transparentar, eficientizar y reducir” el gasto público.Los últimos tres mandatarios, incluido el actual, han anunciado medidas austeras argumentando la coyuntura económica internacional y el fomento de “prácticas de ahorro”.
No obstante, a pesar de la implementación de estas medidas, gobierno tras gobierno se sigue repitiendo la necesidad de un plan de austeridad que tienden a ser similares en su estructura.
Las últimas disposiciones austeras fueron decretadas recientemente por el presidente de la República, Luis Abinader, pero sus antecesores en el cargo, Danilo Medina y Leonel Fernández, también lo hicieron.
Ley de austeridad
En el caso del expresidente Leonel Fernández, no se trató de un simple decreto, sino que a través del Congreso Nacional fue aprobada la Ley No. 497-06 sobre austeridad en el sector público, para que durante el año 2007 se tomaran medidas que evitaran un mayor gasto público.
La ley en sus considerandos se basó en “las prácticas de ahorro necesario y en transparentar el gasto público”.
Ya en su cuerpo, compuesto de 13 artículos, dispone reducciones, restricciones y prohibiciones de distintos privilegios que tienen los funcionarios públicos.
En el primer ámbito, estableció la reducción de sueldos de todos los funcionarios del gobierno central, así como de instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, desde un 15 hasta un tres por ciento, dependiendo el sueldo bruto devengado.
La reducción la dispuso solo durante un año, dígase, solo estuvo vigente por el año 2007.
Dentro de ese ámbito, también incluyó la reducción de un 25 por ciento de la inversión publicitaria y promocional de la Presidencia, secretarías de Estado (ahora ministerios) y cualquier otra dependencia.
En el caso de las restricciones, la ley establece la limitación de viajes aéreos en primera fila y de disponer de franqueadores motorizados, solo para un grupo exclusivo de funcionarios.
Asimismo, indica restricciones en cuanto al uso de celulares, gastos de representación, dietas, honorarios y hasta asesores asignados para altos funcionarios del gobierno.
En cuanto a las prohibiciones, la ley impidió adquirir vehículos durante ese año 2007, establecer programas para que empleados públicos hicieran lo mismo, y el uso de vehículos oficiales durante fines de semana y días feriados, a excepción de un grupo exclusivo de funcionarios, legisladores y jueces.
En ese mismo tema, suspendió las exoneraciones para la compra de vehículos, a excepción de las facilitadas a los legisladores.
Además, estableció la congelación de la nómina del gobierno Central y demás instituciones descentralizadas durante el año 2007, a excepción de las direcciones de Aduanas e Impuestos Internos.
En lo que respecta a sanciones y controles, apoderó al Contralor General y a la Cámara de Cuentas que “tendrán las obligaciones de velar para el cumplimiento de esta ley las sanciones correspondientes”
Unos seis años más tarde, y a pocos días de haber iniciado su mandato, Danilo Medina hizo público el decreto No. 499-12 donde dejó establecidas una serie de medidas frugales.
Dentro de ellas hubo algunas similares a las tomadas por Leonel Fernández, como las restricciones en los gastos de publicidad, el control en los viajes al exterior, la reducción en gastos operativos y servicios de telecomunicaciones, así como los gastos de representación, dietas, tarjetas de crédito y combustible asignado.
Danilo Medina argumentó su decreto en la coyuntura económica, tanto local como internacional; una mayor disciplina económica; un gasto público más transparente, entre otros aspectos.
A diferencia de la ley previamente mencionada, el decreto también contenía la prohibición a cualquier entidad del gobierno de comprometer gastos sin estar presupuestados y allí especificaba las fiestas, agasajos, almuerzos, recepciones, celebraciones, donaciones, adquisición de vehículos o gastos en sentido general.
También prohibió la entrega de canastas navideñas, exceptuando a los órganos encargados; arrendamiento de instalaciones privadas para celebrar actividades, salvo para capacitaciones, y el uso de recursos humanos y materiales para la ejecución de “trabajos de naturaleza personal, ajenos a la función”.
Además de estas medidas, dispuso que el ministerio de Hacienda levantara un inventario y estableciera políticas para la evaluación de la factibilidad de venta de vehículos de lujo y alto consumo que fueran propiedad del Estado.
Al igual que la ley, dispuso que el Contralor General sea el ente a cargo de velar por el cumplimiento de las medidas ordenadas, así como la redacción de informes trimestrales financieros institucionales.
El detalle diferenciador con la ley en lo que respecta a este apartado, es que daba la potestad al Contralor General de establecer responsabilidad civil para proceder a la destitución de cualquier servidor público que no adoptara las medidas dispuestas.
Fusión
Recientemente el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso nuevas medidas de austeridad mediante el decreto 396-21.
El detalle está en que la decisión tomada por Abinader aparenta ser una fusión entre la ley de Leonel y el decreto de Danilo, ya que contiene muchas similitudes en las medidas, incluso en la redacción de los artículos.
Entre las pocas diferencias de estas nuevas medidas, está la ordenanza a la Policía Nacional de reducir el personal asignado a instituciones y funcionarios, en al menos un 50 por ciento, para que estos sean dedicados a la implementación de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
Y en ese mismo orden, que el personal tanto militar y policial asignado a funcionarios o instituciones públicas “tiene carácter estrictamente personal o de uso institucional, estableciéndose en razón de las necesidades de la institución o de la investidura que ostente el funcionario en cuestión”.
Por otro lado, delegó la responsabilidad de dar seguimiento a las medidas a los ministerios Administrativo de la Presidencia y de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República.
Incumplimiento
Registros periodísticos del año 2008 datan que el entonces gobierno de Leonel Fernández “no cumplió con la Ley No.497-06 sobre Austeridad en el Sector Público”, que debió aplicarse durante el 2007.
Los registros establecen que un informe de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria del año 2007, indicó que “no se hizo ejercicio de ahorro, ni control del gasto público, elementos indispensables cuando se verifica un aumento de la presión fiscal que motivó la creación de dicha ley”.
Según los datos revelados por la Cámara de Cuentas, en ese entonces solo la secretaría (ministerio) de Hacienda, fue la única institución que mantuvo sus gastos por debajo de lo autorizado por la Ley sobre Austeridad.
En lo que respecta a las medidas de Danilo Medina, no hay registro alguno de que hayan sido incumplidas. Pero tampoco de que se cumplieran
